Trelew: los acusaron de robar áridos por $419 millones, pero no habrá juicio: entregarán una cargadora y una camioneta usada

La causa "Tierra Arrasada", que investigó la extracción y comercialización ilegal de áridos pertenecientes a la Municipalidad de Trelew, terminará sin juicio oral para ninguno de los seis acusados.

El expediente se cerrará mediante suspensiones de juicio a prueba. Como reparación, tres de los imputados entregarán una máquina cargadora, mientras que los otros tres aportarán una camioneta usada valuada en aproximadamente 25 millones de pesos.

La diferencia entre el daño económico calculado y los bienes ofrecidos genera un fuerte contraste: la Fiscalía estimó en 419 millones de pesos el valor del material sustraído, pero la causa concluirá sin debate oral, sin condenas y sin que se determine judicialmente la responsabilidad penal de los acusados.

El último acuerdo fue comunicado este viernes durante una audiencia realizada en los tribunales de Trelew. El fiscal Gustavo Núñez y el abogado de la Municipalidad, Pedro Contreras, informaron a la jueza María Tolomei que se había alcanzado una salida con Carlos Errozarena, Walter Salesky y Mario Augsburguer.

Los tres entregarán al Municipio una camioneta Foton modelo 2022, con aproximadamente 64.000 kilómetros recorridos. Según la información conocida después de la audiencia, el vehículo fue adquirido en una concesionaria de usados de Trelew por cerca de 25 millones de pesos.

Días atrás, esos mismos imputados habían ofrecido pagar 12 millones de pesos entre los tres: cuatro millones cada uno. La jueza rechazó entonces la propuesta por considerarla poco razonable frente a la magnitud del perjuicio investigado. La Municipalidad reclamaba como mínimo la entrega de una camioneta, mientras la defensa sostenía que sus representados no tenían capacidad económica para realizar un aporte mayor.

Finalmente, la amenaza de que el expediente avanzara hacia el juicio derivó en una nueva oferta y en la compra de la camioneta usada que ahora quedará en manos de la comuna.

Una cargadora por los otros tres acusados

Los restantes imputados, José Pascual Uña y sus hijas Analía del Valle y Natalia Belén Uña, habían logrado previamente un acuerdo similar. Para acceder a la suspensión del juicio a prueba ofrecieron una máquina cargadora destinada al área de Obras Públicas de la Municipalidad.

La maquinaria había sido valuada en una cifra de entre 60 y 70 millones de pesos. Sumada a la camioneta de aproximadamente 25 millones, la reparación total rondaría entre 85 y 95 millones de pesos.

Incluso tomando el valor más alto, los bienes entregados equivaldrían a menos de una cuarta parte de los 419 millones en los que fue valuado el material investigado. Esa comparación no contempla, además, un eventual daño ambiental ni el costo necesario para recuperar el terreno afectado.

Una extracción que habría durado cuatro años

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el intendente Gerardo Merino y se concentró en una cantera ubicada detrás de la estación de servicio Mica, en el acceso norte a Trelew.

La hipótesis de la Fiscalía sostuvo que la extracción se produjo de manera continuada entre 2020 y abril de 2024. Los acusados habrían utilizado palas cargadoras y camiones para retirar arena, mixto y piedra bocha de terrenos municipales y comercializarlos posteriormente en el mercado de relleno.

En las distintas etapas del expediente surgieron estimaciones diferentes sobre el volumen extraído. En la apertura de la investigación se habló de aproximadamente 205.000 metros cúbicos, mientras que actuaciones posteriores ubicaron la cifra cerca de los 167.000 metros cúbicos.

Testimonios incorporados durante la investigación señalaron que en algunos períodos podían salir hasta 50 camiones cargados por semana. Las imágenes satelitales analizadas por los investigadores también mostraron cómo la extracción fue modificando progresivamente el terreno y dejando una enorme depresión en la zona.

Sin condenas ni reconocimiento de culpabilidad

La suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, no equivale a una condena ni implica que los imputados reconozcan haber cometido el delito.

El mecanismo permite detener el proceso penal bajo determinadas condiciones. Además de concretar la entrega de los bienes, los acusados deberán cumplir las reglas de conducta fijadas y no cometer nuevos delitos durante el plazo establecido.

Una vez cumplidas esas obligaciones, podrán ser sobreseídos definitivamente. En consecuencia, no habrá juicio oral, producción pública de la prueba ni una sentencia que determine si fueron culpables o inocentes.

Ese es uno de los aspectos más controvertidos del desenlace: una investigación que comenzó por la desaparición de miles de metros cúbicos de un recurso perteneciente a la ciudad termina con la entrega de dos vehículos y sin que las responsabilidades sean discutidas frente a un tribunal.

La causa también había despertado interrogantes sobre los controles municipales durante los años en los que se habría desarrollado la extracción. El movimiento de semejante cantidad de material habría requerido camiones, maquinaria pesada, personal y una logística sostenida, difícil de ocultar durante tanto tiempo.

Sin embargo, con la salida alternativa acordada, esos interrogantes no llegarán al juicio oral. La Municipalidad recuperará una cargadora y una camioneta usada, pero Trelew se quedará sin una sentencia que explique cómo pudieron desaparecer áridos valuados en cientos de millones de pesos de un terreno municipal durante casi cuatro años.

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