El ajuste que iba a pagar la casta lo pagan los jubilados: Milei y Caputo les "robaron" $6,5 millones a los que cobran la mínima

Un informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) reveló que quienes cobran el haber mínimo sufrieron un recorte del 30% en su poder de compra frente al trimestre septiembre-noviembre de 2023 y acumulan una pérdida de $6.466.331 por persona, monto que trepa aún más a medida que se incrementa el haber hasta promediar unos $7,7 millones en el conjunto de los pasivos. Lejos del discurso oficial, la motosierra recayó sobre los jubilados, los trabajadores y los sectores de menores recursos: cada empleado estatal perdió unos $17,5 millones y cada asalariado privado $3,3 millones, mientras una inflación que no cede y los tarifazos en servicios básicos degradan mes a mes lo que queda de los ingresos.

El estudio, fechado en octubre de 2026 y elaborado a partir de registros oficiales del INDEC y de la seguridad social, mide la diferencia acumulada a precios constantes entre lo que efectivamente cobraron los pasivos y trabajadores desde la asunción de Javier Milei y lo que habrían percibido si sus ingresos hubieran mantenido el poder adquisitivo previo al cambio de gobierno. En el caso de los jubilados que cobran la mínima (el 63% del total del padrón previsional), los $6,5 millones licuados equivalen a haber perdido más de nueve jubilaciones completas de finales de 2023.

En términos monetarios, la poda acumulada se agranda en los escalones superiores de la pirámide previsional. Mientras los haberes mínimos sufrieron el mayor derrumbe porcentual (-30%), los jubilados con haberes medios y altos (que habían aportado durante treinta años o más y no recibieron ningún bono compensatorio durante la megadevaluación inicial) registraron una caída real del 23% promedio, lo que se traduce en pérdidas acumuladas que promedian los $7,7 millones por persona y superan largamente esa cifra en los haberes más altos.

El recorte sobre las jubilaciones se ejecutó en dos etapas. La primera ocurrió en los primeros meses de 2024, tras la devaluación de diciembre de 2023 y la disparada inflacionaria del verano, cuando el poder de compra previsional llegó a desplomarse un 36%. La segunda quedó sellada con el Decreto 274/2024, que ató la movilidad a la inflación mensual pasada tras otorgar una recomposición extraordinaria de apenas el 12,5% en abril de 2024: ese esquema recuperó solo una fracción menor del terreno perdido y dejó a los haberes estructuralmente un escalón por debajo de 2023.

Sobre los jubilados de la mínima opera además el congelamiento del bono previsional, clavado en $70.000 nominales desde marzo de 2024. Mientras el haber base se actualiza por el índice de precios, llevar más de dos años y medio con el refuerzo congelado reduce todos los meses el ingreso real de bolsillo. En noviembre de 2026, tras el ajuste del 1,93% dispuesto por la Resolución 304/2026 de la ANSES, la mínima bruta quedó en $444.158,46 y llega a $514.158,46 antes de descuentos con el bono incluido.

El informe de MATE demuestra que el ajuste que el Gobierno prometía descargar sobre la política terminó financiado por los hogares trabajadores. Comparado con el trimestre septiembre-noviembre de 2023, el salario real del sector público se encuentra un 21% abajo (con caídas que llegan al 40% en la administración nacional), lo que representa una pérdida acumulada estimada en $17,5 millones por trabajador estatal. En el sector privado registrado, los sueldos reales siguen un 7% por debajo de 2023 y cada trabajador acumula una pérdida promedio de $3,3 millones.

El deterioro del bolsillo es todavía más severo en la vida cotidiana por el cambio en la estructura de gastos fijos. Con una inflación que en octubre volvió a acelerarse al 2,2% mensual y acumula más del 33% interanual, los servicios públicos esenciales (luz, gas, agua, transporte y medicamentos) aumentaron muy por encima del promedio general de precios que mide el INDEC. De ese modo, las tarifas y los remedios absorben una porción cada vez mayor de haberes y salarios ya licuados, empujando a jubilados y trabajadores al endeudamiento familiar para cubrir el costo de vida básico.