En medio del conflicto salarial, el Gobierno de Chubut licita seguros de vida por más de $12.400 millones

Se trata de la Licitación Pública N° 01/26, impulsada por la Unidad Ejecutora Provincial del Ministerio de Economía, que contempla una inversión oficial de $12.465.191.718. La apertura de sobres está prevista para el próximo 15 de mayo en Rawson, con una garantía de oferta del 1% -más de $124 millones- para las empresas interesadas.

El alcance del llamado incluye a empleados de la administración central, organismos descentralizados y autárquicos, comunas rurales y jubilados provinciales, abarcando así a la totalidad del universo estatal.

La decisión se da en un contexto de fuerte tensión con los sindicatos, que reclaman mejoras salariales frente al deterioro del poder adquisitivo. En ese escenario, la magnitud del monto destinado a seguros vuelve a poner en discusión las prioridades del gasto público.

El proceso, además, no es aislado. Forma parte de un cambio estructural en el sistema de seguros del Estado provincial, luego de que el Ejecutivo derogara el Decreto N° 924/06, que durante años concentró la contratación en la empresa estatal Patagonia Broker S.A. A partir de esa medida, se desarmó el esquema centralizado y se habilitó un modelo basado en licitaciones abiertas.

Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema apunta a generar competencia y reducir costos. Sin embargo, el volumen de recursos en juego y la experiencia previa en el sector despiertan interrogantes.

Distintos informes ya habían puesto bajo la lupa el funcionamiento de las ART, señalando la existencia de costos elevados, intermediaciones y un negocio millonario construido alrededor de los trabajadores estatales. Ese antecedente vuelve a aparecer como referencia inevitable frente a una nueva contratación de gran escala.

En este marco, la licitación de seguros de vida abre una doble lectura: por un lado, como parte de la reorganización administrativa del sistema; por otro, como una decisión que contrasta con el reclamo urgente de los trabajadores por mejoras salariales.

El resultado del proceso y las condiciones finales de contratación serán claves para determinar si el cambio implica una mejora en la eficiencia del gasto o si, como ya ocurrió en otros casos, termina reproduciendo un esquema donde los mayores beneficios no necesariamente quedan del lado del Estado ni de sus trabajadores.