MR intimó al Municipio a que notifique las razones por las cuales no rubricó el contrato

La licitación para la concesión del Servicio Público de Transporte Urbano y Suburbano de Pasajeros de esta ciudad ingresó en una severa crisis institucional y jurídica. A través de una presentación formal en el Expediente Nº 1116-M-2025, el apoderado legal de la firma MR Sociedad de Responsabilidad Limitada, el abogado Eduardo G. Acevedo, formuló una intimación fehaciente al intendente municipal, Ing. Othar Macharashvili, exigiéndole que en un plazo perentorio de 48 horas hábiles funde por escrito los motivos por los cuales se negó a firmar el contrato de concesión el pasado 18 de mayo, o bien fije día y hora para su inmediata suscripción.

La medida representa la antesala de un inminente conflicto judicial, ya que la empresa adelantó que, de no reverse la situación, interpondrá una acción de amparo con medida cautelar innovativa y entablará demandas civiles millonarias que alcanzarían de manera personal y solidaria al propio intendente.

Una firma frustrada y contradicciones internas

El conflicto estalló el pasado lunes 18 de mayo a las 15:50 horas, momento en que los representantes de GRUPO MR S.R.L. se presentaron en la Secretaría de Gobierno para rubricar el contrato por un período de diez años, el cual ya les había sido adjudicado en firme mediante la Resolución Nº 0417-26.

Para garantizar la transparencia del acto, la empresa requirió la presencia del escribano público Emilio G. Angjelinic (Registro Notarial Nº 15), cuya Escritura Pública Nº 140 dejó constancia de un insólito contrapunto interno dentro del Ejecutivo Municipal:

El aval técnico-legal: El asesor legal del Municipio, Dr. Jorge Echelini, verificó toda la documentación y declaró textualmente que "están dadas las condiciones para proceder con la firma del contrato", validando que las certificaciones de las concesionarias oficiales acreditaban debidamente la disponibilidad de la flota.

El portazo político: Pese al dictamen favorable de los técnicos, el intendente Macharashvili no se hizo presente. Minutos después, el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, comunicó de forma intempestiva que el jefe comunal no firmaría el contrato, alegando que la empresa no disponía de los títulos de propiedad dominial de los colectivos.

"La negativa del intendente contradice de manera flagrante los propios actos previos del Municipio", afirma el escrito de la firma MR, catalogando la decisión como un "pretexto" y una vía de hecho administrativa manifiestamente ilegítima.

El debate por los colectivos 0 Km: ¿Títulos o derechos de uso?

El eje de la disputa radica en la interpretación del artículo 43º, inciso b), del Pliego de Bases y Condiciones, el cual exige acreditar los "títulos de propiedad o derechos de uso" de los vehículos.

Desde la defensa de la empresa argumentan que la conjunción "o" es netamente disyuntiva. MR presentó certificaciones oficiales de las firmas Colcar Merbus S.A. y Diesel San Miguel S.A.C.I.F.I.A. (concesionarios oficiales Mercedes-Benz) que acreditan la compra e individualización con número de chasis, VIN y motor de 95 unidades cero kilómetro con aire acondicionado, listas para su entrega.

El abogado Acevedo calificó la postura municipal como un "absurdo jurídico", explicando que:

Conforme las leyes nacionales, es materialmente imposible obtener el título de propiedad de un vehículo 0 Km sin que este haya sido retirado previamente del concesionario para su alta registral.

Cuatro días antes, el 14 de mayo, el propio secretario Sergio Bohe había emitido la Nota Nº 1388/2026 donde aceptaba explícitamente como alternativa válida la presentación de instrumentos que acreditaran la disponibilidad y afectación de las unidades.

Ultimátum y riesgo de parálisis en el servicio

El escrito presentado advierte que el Municipio incurrió en una triple contradicción con sus propios actos, vulnerando los principios de buena fe y seguridad jurídica. Asimismo, destaca que el Ejecutivo ni siquiera procedió a ejecutar la garantía de oferta (prevista en el artículo 44º para casos de incumplimiento real), lo que demostraría que "el propio Municipio sabe que el incumplimiento que invoca públicamente no existe".

La intimación formal da un plazo de 48 horas a Macharashvili para que retome la vía legal. El panorama es de extrema urgencia cronológica: el contrato de la concesión actual del transporte vence el próximo 31 de mayo de 2026, por lo que cada día de dilación traba el Plan de Implementación de la nueva flota y pone en serio riesgo la continuidad del servicio para miles de usuarios comodorenses.

De no mediar una respuesta favorable, la empresa ejecutará de inmediato la vía judicial, haciendo expresa reserva de activar el artículo 69º de la Constitución de la Provincia del Chubut, el cual hace responsables directa y patrimonialmente a los funcionarios públicos por el mal desempeño de sus cargos.