Denunciaron penalmente a Manuel Adorni por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, presentaron una denuncia penal contra el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a 2024 y 2025.

La presentación judicial sostiene que el funcionario habría omitido informar parte de su patrimonio y que esas inconsistencias también se habrían reflejado en documentación presentada ante la Cámara de Diputados.

Por este motivo, los legisladores solicitaron que la Justicia investigue una posible falsedad ideológica, figura contemplada en el artículo 293 del Código Penal.

Según la denuncia, Adorni reconoció públicamente la existencia de bienes y activos que no habían sido incluidos en sus declaraciones originales ante la Oficina Anticorrupción. Entre ellos, los denunciantes mencionaron tenencias en criptomonedas, dinero en efectivo proveniente de una herencia familiar y propiedades inmobiliarias.

En el escrito también se hace referencia a un inmueble ubicado en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, un departamento en el barrio porteño de Caballito y otro inmueble heredado en la ciudad de La Plata.

Frade y Ferraro sostienen que la posterior rectificación de las declaraciones juradas no elimina una eventual responsabilidad penal derivada de las omisiones iniciales.

Además, cuestionaron las explicaciones brindadas por el funcionario, quien atribuyó las inconsistencias a errores involuntarios y a una incorrecta interpretación de sus obligaciones al momento de asumir funciones públicas.

Los legisladores remarcaron que las declaraciones juradas constituyen documentos públicos y señalaron que cualquier ocultamiento deliberado de bienes podría configurar un delito.

La denuncia también incluye referencias a entrevistas periodísticas y al informe de gestión presentado por Adorni ante la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril.

Uno de los principales planteos de los denunciantes es que el funcionario habría sostenido durante varios meses que su patrimonio estaba correctamente declarado, aunque posteriormente reconoció la existencia de bienes que no figuraban en las presentaciones originales.

Frade y Ferraro consideraron que la situación podría afectar los mecanismos de control previstos en la Ley de Ética Pública y destacaron la relevancia institucional del caso debido al cargo que ocupa Adorni dentro del Poder Ejecutivo.

Asimismo, aclararon que esta presentación no está vinculada con otra investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, sino que busca determinar específicamente si existieron omisiones deliberadas o información falsa en documentos oficiales.

Finalmente, solicitaron que se avance con una investigación penal y que, en caso de comprobarse los hechos denunciados, se apliquen las sanciones previstas por la legislación vigente.