Echaron a la investigadora que halló rastros de agrotóxicos en la población tras un sumario del INTA
El organismo estatal aplicó la sanción más drástica a la científica Virginia Aparicio tras un polémico sumario administrativo. La referente coordinó la pata argentina de un amplio estudio europeo que halló la presencia de decenas de pesticidas en muestras humanas y ambientales.
En una resolución que encendió alarmas y generó un fuerte repudio en la comunidad científica nacional e internacional, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió aplicar la sanción más severa de la función pública a la investigadora del INTA y del Conicet Virginia Aparicio: la exoneración. La medida no solo implica su despido directo, sino que la inhabilita de manera permanente para volver a desempeñarse en cualquier organismo del Estado.
Ingeniera agrónoma de vasta trayectoria en la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce, Aparicio trabajaba en el INTA desde 1997. Durante más de dos décadas se consolidó como una referente en el análisis de suelos, agua y presencia de plaguicidas. Sin embargo, su carrera dio un giro crítico al liderar la participación argentina en SPRINT, un prestigioso proyecto internacional financiado por la Unión Europea con 14 millones de euros.
La investigación que incomodó al sector
Coordinado globalmente por la Universidad de Wageningen (Países Bajos), SPRINT buscó evaluar la presencia de más de 200 pesticidas en el ambiente y en la salud humana en 11 países. Argentina fue la única nación fuera del continente europeo seleccionada para el estudio.
En las zonas de Tres Arroyos, Necochea, Balcarce y Mar del Plata, la investigación analizó muestras de 73 voluntarios (tanto rurales como urbanos), además de agua, suelo, aire y alimentos. Los resultados fueron contundentes e inquietantes:
Muestras humanas: Se detectaron entre 2 y 10 plaguicidas en sangre, de 6 a 13 en orina y hasta 18 en materia fecal. El hallazgo más alarmante fue la presencia de glifosato en el 100% de las muestras de materia fecal analizadas.
Exposición cotidiana: Se hallaron hasta 86 plaguicidas en el polvo de las viviendas, de 6 a 22 en alimentos y entre 7 y 53 en pulseras pasivas que registraban la exposición diaria de los participantes.
El quiebre institucional comenzó a visibilizarse en 2023, cuando las autoridades del INTA decidieron suspender abruptamente la presentación oficial de los resultados locales y posteriormente retiraron formalmente a la institución del proyecto europeo. Pese al freno local, el estudio global continuó su curso hasta culminar en 2026.
Los argumentos del sumario y la postura de la científica
El expediente administrativo abierto en contra de Aparicio alega presuntas irregularidades en el manejo de fondos del proyecto, incumplimientos en la cadena de mando jerárquica, modificaciones en protocolos bioéticos y el envío no autorizado de muestras para su análisis en laboratorios internacionales. Asimismo, el organismo cuestionó la colaboración no formal de un investigador retirado -quien mantenía una relación de pareja con Aparicio- argumentando que habría tenido acceso a información reservada.
A pesar de que el propio dictamen del INTA reconoce que no se logró acreditar ningún perjuicio económico para el Estado, el organismo consideró que las faltas justifican la expulsión definitiva e instruyó remitir las actuaciones a la Oficina Anticorrupción.
Por su parte, la investigadora y diversos sectores de la comunidad científica rechazan categóricamente los cargos administrativos y califican la medida como una clara persecución política y corporativa. Aparicio sostiene que el proyecto contaba con el conocimiento y aval previo de las autoridades del INTA, y denunció que esta sanción busca "instalar un clima de temor entre sus colegas para disciplinar y desalentar investigaciones sobre temas sensibles" que afectan la agenda del modelo agroindustrial.
Tras quedar agotada la vía administrativa dentro del organismo estatal, Aparicio confirmó que recurrirá a la Justicia ordinaria para revertir la exoneración, mientras la polémica reabre un profundo debate ético sobre los límites de la libertad de investigación, el rol de los organismos estatales y el derecho de la ciudadanía al acceso a información sobre salud pública y medio ambiente.
Fuente: La Nación.








