Argentina

¿Qué empresas públicas se podrían privatizar con la Ley Bases?

Tras la aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Senadores se puso en la mira a varias empresas públicas que podrían ser privatizadas.

Joaquin Saldaña

La reciente aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Senadores ha puesto en la mira a varias empresas públicas que podrían ser privatizadas o concesionadas una vez que la ley sea promulgada. Las empresas potencialmente afectadas incluyen Energía Argentina, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales.

Sin embargo, en la última modificación del proyecto, se decidió excluir de la privatización a Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial y los medios públicos, atendiendo a las demandas de algunos gobernadores. El próximo paso es la validación de esta versión en la Cámara de Diputados, donde se confirmará o se volverá a la versión original.

La Ley Bases es un paquete de medidas que incluye la delegación de poderes al Ejecutivo, privatizaciones y concesiones de empresas estatales, la derogación de la moratoria previsional, ajustes en el impuesto a las ganancias y el monotributo, la disolución de organismos públicos, y una reforma laboral, entre otros.

El núcleo de esta ley radica en otorgar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, mediante la declaración de emergencia pública en los ámbitos administrativo, económico, financiero y energético por un año.

Declaración de Emergencia Pública: Se declara la emergencia pública por un año en áreas administrativas, económicas, financieras y energéticas, permitiendo al Ejecutivo asumir poderes especiales.

Privatizaciones: Establece la privatización de empresas del estado, excluyendo a Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial y Radio y Televisión Argentina (RTA). Energía Argentina, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales están sujetas a posibles privatizaciones o concesiones.

Desregulación del Estado: La ley permite la disolución, fusión o modificación de organismos públicos, con la excepción de 15 entes e institutos que no pueden ser disueltos, como el CONICET, el Laboratorio Malbrán, la ANMAT, entre otros.

Reforma Laboral: Se extiende el período de prueba a seis meses, se eliminan multas por trabajo no registrado y se crea un fondo de cese laboral para indemnizaciones, opcional por convenio colectivo. También se permite contratar un seguro de desempleo.

Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI): Ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones superiores a US$200 millones, incluyendo una alícuota única del 25% en el Impuesto a las Ganancias y la contabilización del 100% del Impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta de Ganancias.

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