Esquel: de policía a preso, extorsionó a un detenido y deberá cumplir seis años de cárcel

ESQUEL. La Cámara en lo Penal de Esquel dictó un fallo contundente que ratifica la condena a seis años de prisión, accesorias legales y costas para el Oficial Subinspector de la Policía del Chubut, Juan Emilio Llaipén. Los magistrados desestimaron los planteos de arbitrariedad presentados por la defensa y respaldaron en su totalidad la investigación de la Fiscalía, la cual ya había obtenido una sentencia condenatoria ante un Tribunal Mixto en octubre del año pasado.

El hecho juzgado ocurrió el 30 de mayo de 2024 en la Comisaría Primera de Esquel. Según la causa, Llaipén ingresó al sector de calabozos donde se encontraba Nicolás Maximiliano Esteban cumpliendo prisión preventiva. Aprovechándose de la extrema vulnerabilidad del interno, el oficial lo amenazó verbalmente y exhibió su arma reglamentaria con un objetivo económico: obligarlo a firmar el formulario "08" para transferir un vehículo a favor de un tercero, identificado como Luciano Miguel. "Te doy dos opciones: o firmás o firmás. Si no lo firmás, te voy a meter una paliza y te voy a mandar al pabellón 1", fue la advertencia del efectivo.

Al tratarse de un delito en contexto de encierro y sin testigos civiles, el tribunal aplicó el estándar de "casos difíciles", otorgando centralidad al testimonio de la víctima por su coherencia interna y externa. Sin embargo, el relato estuvo respaldado por pruebas materiales demoledoras. Las cámaras de seguridad de la comisaría registraron el momento en que Llaipén exhibió el arma, y las pericias telefónicas revelaron chats con Luciano Miguel donde coordinaban la maniobra, celebraban la firma y organizaban el pago. Incluso se constató una transferencia de $500.000 a la cuenta de Mercado Pago del policía inmediatamente después del hecho.

Finalmente, la declaración de la escribana interviniente terminó de sepultar la estrategia de la defensa, al confirmar que el propio Llaipén le pidió que no hablara con el detenido. Con estas evidencias, la Cámara concluyó que el dolo y el fin de lucro ilegal quedaron plenamente demostrados, ratificando la proporcionalidad de la pena de seis años de prisión debido a la gravedad institucional de que el autor sea un funcionario público uniformado.