Escándalo federal: la ruta del fentanilo une a Chubut y Entre Ríos en una investigación sin precedentes

Un procedimiento de rutina en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn el pasado jueves 16 de abril terminó por destapar una olla de presión que conecta los despachos oficiales de Entre Ríos con el sur argentino. El hallazgo de una encomienda cargada con 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo, en manos de un sospechoso detenido por Gendarmería, fue el hilo del que tiró la Justicia Federal de Rawson para ordenar operativos simultáneos a más de 1.500 kilómetros de distancia.

El epicentro de los procedimientos judiciales se trasladó esta semana al corazón administrativo de Paraná. Efectivos federales desembarcaron en el Ministerio de Salud de Entre Ríos y en el Hospital Materno Infantil San Roque, una de las instituciones más sensibles de la provincia. La sospecha es grave: la posible filtración de drogas críticas como fentanilo, propofol y ketamina desde el sistema de salud pública hacia el mercado negro.

En medio de la conmoción, las autoridades hospitalarias buscaron llevar tranquilidad a la población. Alejandro Calógero, director del Hospital San Roque, confirmó que la institución entregó registros biométricos, grabaciones de cámaras de seguridad y documentación contable de varios meses atrás. Sin embargo, lanzó un dato que añade un nuevo nivel de misterio a la causa: el lote específico de fármacos que la Justicia busca rastrear nunca fue comprado por el hospital ni figura en sus registros de farmacia, lo que abre interrogantes sobre si el desvío ocurrió en una etapa previa de la cadena de suministros o a través de canales paralelos.

Desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Entre Ríos, Viviana Villa fue tajante al desmentir rumores sobre el secuestro de armas o dinero durante el operativo. La funcionaria remarcó que solo se retiró documentación y que el foco está puesto en transparentar los movimientos de medicamentos. El Ministerio de Salud, por su parte, debió responder en tiempo récord un cuestionario de nueve puntos que involucró a diversas áreas, desde Recursos Humanos hasta la Dirección Integral del Medicamento, para intentar reconstruir la ruta de estas sustancias que, fuera del control médico, representan un peligro mortal.

Mientras la Justicia Federal de Rawson analiza los remitos, facturas y libros de actas incautados, la investigación se mantiene bajo un hermetismo riguroso. El caso no solo pone la lupa sobre el control de estupefacientes en los hospitales públicos, sino que expone una logística de tráfico interestatal que ha encendido todas las alarmas en el sistema sanitario nacional. ¿Cómo llegaron esas ampollas de una provincia a la otra? Es la pregunta que los investigadores esperan responder en los próximos días.