Prorrogan la prisión preventiva de Facundo Jones Huala: seguirá detenido en Rawson y profundiza su huelga de hambre

La Justicia Federal resolvió extender por otros tres meses la prisión preventiva de Facundo Jones Huala, referente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), quien permanece detenido en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en Rawson. Con esta decisión, el dirigente mapuche cumplirá cerca de un año privado de su libertad en un establecimiento de máxima seguridad.

La medida fue dispuesta por el juez federal Gustavo Zapata, a partir de un pedido del Ministerio Público Fiscal, que argumentó la necesidad de sostener la detención para evitar riesgos procesales y garantizar el avance de la investigación. Según la fiscalía, la causa se encuentra en una etapa clave y la eventual liberación del imputado podría entorpecer la recolección de pruebas.

En paralelo, días atrás el propio Ministerio Público solicitó el agravamiento de los cargos contra Jones Huala. La acusación sostiene que los hechos investigados habrían comenzado antes de lo que se creía inicialmente, lo que amplía el alcance de la causa y podría derivar en penas más severas en caso de una eventual condena.

Mientras tanto, la situación personal del líder mapuche sumó un nuevo capítulo de tensión. Tras permanecer durante semanas en huelga de hambre sólida, Jones Huala anunció que también dejará de ingerir líquidos, una decisión que encendió alertas por el posible deterioro de su estado de salud. Desde su defensa, integrada por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, señalaron que la medida responde tanto a la prórroga de la prisión preventiva como al rechazo judicial de su traslado a una unidad penitenciaria de menor seguridad en Esquel.

La audiencia en la que se resolvió la extensión de la detención se llevó a cabo de manera virtual, en línea con las prácticas judiciales adoptadas en los últimos años para agilizar procesos. Desde la defensa calificaron la decisión como "una señal de endurecimiento" y cuestionaron el criterio del tribunal, al considerar que excede el caso individual y afecta a comunidades de pueblos originarios.