Sarmiento: imputaron a la "nuera" acusada de estafar a los abuelos de su pareja y dejarlos con una deuda millonaria

La Justicia de Sarmiento investiga a una mujer de 35 años acusada de estafar a los abuelos de su pareja mediante la obtención de préstamos bancarios que habrían sido gestionados sin autorización de las víctimas.

La imputada, identificada como Celeste Fernanda Soto Assin, fue imputada como presunta autora del delito de estafa durante una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Sarmiento.

Según la investigación de la Fiscalía, la mujer habría ganado primero la confianza de sus familiares políticos para luego crear un servicio de home banking del Banco Nación utilizando datos personales y biométricos de los damnificados.

De acuerdo con la acusación, el 30 de octubre de 2024 solicitó un préstamo a nombre de la abuela de su pareja y transfirió los fondos a su propia billetera virtual mediante dos operaciones por un millón de pesos y 1.462.500 pesos, respectivamente.

La pesquisa también sostiene que utilizó el mismo mecanismo con el abuelo de su novio, obteniendo un crédito por 640.000 pesos que también habría sido transferido de inmediato a una cuenta bajo su control.

Como consecuencia de la maniobra, las víctimas quedaron obligadas a afrontar las cuotas de los préstamos otorgados por la entidad bancaria.

Una familia afectada por la maniobra

La Fiscalía indicó además que otra de las perjudicadas sería una hija de una de las denunciantes, una persona con discapacidad cuya madre figura como apoderada legal.

Según se expuso en la audiencia, el dinero afectado estaba destinado a una cirugía de piernas que debía realizarse la joven, por lo que la presunta estafa habría generado un perjuicio adicional para la familia.

Las investigadoras sostienen que Soto manipuló informáticamente los datos del sistema bancario para hacer creer que las operaciones eran realizadas por las titulares de las cuentas cuando, en realidad, las habría efectuado ella.

Proponen una reparación económica

Durante la audiencia, la defensora particular de la imputada no objetó la apertura de la investigación y propuso abordar el caso mediante una salida alternativa del conflicto.

En ese sentido, indicó que su asistida estaría en condiciones de efectuar una reparación económica a favor de los damnificados mediante un pago único.

Finalmente, el juez Ariel Quiroga hizo lugar al pedido de formalización de la investigación preparatoria de juicio presentado por la Fiscalía y otorgó un plazo de seis meses para avanzar con las medidas investigativas.