Cerimedo, el asesor de Milei detenido por presunto intento de femicidio, tiene como socio a un político y empresario comodorense

La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia volvió a poner bajo la lupa una red empresarial y política que se extiende por distintas provincias argentinas. El consultor, que trabajó como asesor y estratega comunicacional de Javier Milei, quedó detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, mientras es investigado por la Justicia boliviana por la presunta tentativa de feminicidio de su expareja, Nadia Beller.

Cerimedo no fue condenado. Su defensa rechaza la acusación, pero el juez Wilson Espada dispuso seis meses de prisión preventiva mientras avanza una causa que incluye peritajes telefónicos, movimientos migratorios y otros elementos reunidos por la Fiscalía. El País y Unitel informaron sobre el expediente y la decisión judicial.

Pero la historia de Cerimedo con Santa Cruz había comenzado antes y del lado argentino de la frontera.

La empresa del círculo de Cerimedo que llegó al gobierno de Vidal

El 5 de octubre de 2022, Natalia Belén Basil -esposa de Cerimedo e integrante de varias sociedades de su entorno- constituyó junto con María Liliana Palazzo la firma National Security Enterprise S.R.L. La sociedad nació con un objeto amplio: vigilancia privada, custodia, seguridad física y electrónica, investigaciones y protección de personas y bienes.

La constitución y la participación de Basil están documentadas en el Boletín Oficial de la República Argentina.

La cronología resulta significativa. El 3 de abril de 2024, cuando Basil todavía era socia, National Security Enterprise resolvió abrir una sucursal en Río Gallegos. Fijó domicilio en Bustamante 280 y designó como representante a Carlos Eduardo Marín. La apertura fue publicada posteriormente en el Boletín Oficial de Santa Cruz.

Veinte días después, el 23 de abril, Basil y Palazzo cedieron la totalidad de las cuotas de la empresa a Tomás Federico Beltrame y Héctor Eduardo De Diego. Basil también renunció formalmente a la gerencia, según el Boletín Oficial nacional.

La distinción es central: Basil fundó la compañía y participó de la decisión de instalarla en Santa Cruz, pero ya no figuraba como socia cuando la firma comenzó a consolidar su relación operativa con el Estado provincial.

El 22 de julio de 2024, durante la gestión de Claudio Vidal, el Ministerio de Seguridad santacruceño inscribió a National Security Enterprise en el Registro Único de Proveedores de Servicios de Seguridad Privada. La habilitación, identificada con el número 2873, le permitió operar en todo el territorio provincial. En marzo de 2025, el registro fue renovado y ampliado para incluir seguridad física y técnica. Ambas decisiones están publicadas oficialmente por el Gobierno de Santa Cruz: habilitación de 2024 y renovación de 2025.

La empresa terminó prestando servicios de vigilancia en el Hospital Regional de Río Gallegos y en otros establecimientos dependientes del Ministerio de Salud.

La modalidad y el monto de esa contratación quedaron envueltos en una controversia que todavía no está completamente cerrada. Publicaciones periodísticas ubicaron inicialmente el servicio en aproximadamente $115.950.000 mensuales. Informaciones posteriores hablaron de una cifra superior a los $160 millones por mes.

El Gobierno de Vidal negó que se hubiera realizado una contratación directa irregular. Sostuvo que la empresa aportaba 58 trabajadores, que cobraba contra la presentación de facturas mensuales y que el prestador anterior costaba unos $180 millones, aproximadamente $60 millones más. También afirmó que se encontraba en marcha una licitación pública. Esa respuesta fue reproducida por Voces y Apuntes .

Sin el contrato completo, las facturas y los actos de pago no corresponde presentar ninguna de esas cifras como un monto definitivamente acreditado.

La controversia también llegó a la Legislatura. En abril de 2025 ingresó un proyecto de resolución que solicitó al Poder Ejecutivo informar el procedimiento utilizado para seleccionar a National Security Enterprise, la existencia de una licitación o excepción, el acto administrativo que autorizó la contratación y los motivos para elegir a la empresa. El pedido está disponible en el expediente legislativo 115/2025.

El pedido de informes no prueba por sí mismo una irregularidad. Sí demuestra que la contratación despertó cuestionamientos institucionales y que diputados provinciales reclamaron documentación que permitiera conocer cómo se tomó la decisión.

Meses después, el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz formuló cargos contra la compañía por documentación laboral que no había sido presentada durante una inspección, entre ella recibos de sueldo, acreditaciones bancarias y nóminas de personal. La actuación fue publicada oficialmente en el Boletín Oficial provincial.

El socio que conduce a Comodoro Rivadavia

La empresa de seguridad no coloca a Cerimedo personalmente como contratista del Estado santacruceño. El vínculo documentado pasa por Basil, su fundadora, y por una compañía de la cual ella se retiró formalmente antes de la prestación cuestionada.

Sin embargo, al seguir las sociedades constituidas por Basil aparece una segunda rama de la red. Esa rama conduce directamente a Comodoro Rivadavia y a un empresario que también tuvo actividad política y responsabilidades en un organismo municipal de control.

Su nombre es Roque Cambareri.

Cambareri es ingeniero, empresario y exintegrante electo del Tribunal de Cuentas Municipal de Comodoro Rivadavia. El registro histórico del organismo lo ubica como vocal durante dos períodos consecutivos: 1995-1999 y 1999-2003. No se trata, por lo tanto, de un socio sin antecedentes públicos, sino de una figura que combinó actividad empresarial con participación institucional en la ciudad.

Su trayectoria societaria tiene raíces profundas en Comodoro. En 2005 participó de la constitución de Grupo Terras S.A., empresa dedicada, entre otras actividades, a construcciones, obras públicas, contrataciones y licitaciones. También aparece en sociedades vinculadas con servicios petroleros, minería, energía y logística, como Petroar Latinoamérica y GEDM.

La conexión con el círculo de Cerimedo surge con claridad en febrero de 2024. Ese mes, Cambareri constituyó Patagonia Energy Holding S.A. junto con Natalia Belén Basil y Vicente Federico Quintanal. Cada uno recibió 400 acciones. Cambareri fue designado presidente y Basil, directora suplente.

La sociedad tenía un objeto amplio relacionado con petróleo, gas, minería y energía. También podía contratar con organismos nacionales, provinciales y municipales y presentarse en licitaciones públicas. La composición accionaria está documentada en el Boletín Oficial nacional.

Dos meses más tarde, el vínculo dejó de ser indirecto.

El 9 de abril de 2024, Cambareri y Fernando Cerimedo se convirtieron formalmente en socios de Compañía Sudamericana de Inversiones S.A. Cambareri recibió 6.000 acciones y Cerimedo otras 6.000. Vicente Federico Quintanal quedó con 12.000 y Aldo Octavio Arteaga con las 6.000 restantes.*

La constitución fue publicada el 6 de mayo de 2024 en el Boletín Oficial de la República Argentina. Posteriormente, por una observación de homonimia, la firma cambió su nombre por Compañía Inversora Sudamericana S.A.

El entramado queda así: Cambareri compartió una sociedad directamente con Cerimedo y otra con Natalia Basil. No es una relación construida a partir de fotografías, reuniones o coincidencias políticas. Son participaciones accionarias inscriptas en documentos oficiales.

Lo probado y el eslabón que todavía falta

La documentación permite sostener tres hechos.

Primero, que una empresa fundada por Natalia Basil abrió una sucursal en Santa Cruz durante el gobierno de Claudio Vidal y posteriormente prestó seguridad en establecimientos sanitarios provinciales.

Segundo, que Roque Cambareri, empresario con trayectoria en Comodoro Rivadavia y pasado político en el Tribunal de Cuentas municipal, compartió formalmente una sociedad con Fernando Cerimedo.

Tercero, que Cambareri también constituyó una compañía energética con Basil, uniendo las dos ramas empresariales de la red.

Lo que todavía no está demostrado es que Cerimedo haya sido accionista o beneficiario de National Security Enterprise cuando esta prestó servicios en Santa Cruz. Tampoco apareció hasta ahora una contratación del Gobierno de Chubut con Patagonia Energy Holding, Compañía Inversora Sudamericana, GEDM, Petroar Latinoamérica o las otras sociedades identificadas alrededor de Cambareri.

La búsqueda en el archivo de Chubut de esta última gestión no encontró adjudicaciones, órdenes, contratos ni menciones exactas que permitan afirmar ese último vínculo con la administración chubutense.

El hallazgo, por ahora, es otro: mientras una empresa nacida dentro de su círculo familiar conseguía presencia y servicios en el Estado santacruceño, Cerimedo armaba sociedades de inversión con un dirigente y empresario de Comodoro Rivadavia.

La relación societaria está documentada. La eventual derivación contractual hacia Chubut todavía debe probarse. 

* Según el último documento societario público localizado, Cerimedo y el empresario comodorense conservaban 6.000 acciones cada uno. No se encontró una modificación posterior, aunque eso no permite certificar la composición accionaria actual.