Chubut: un pitbull suelto atacó a un transeúnte en un comercio y el dueño debió pagar 5 millones de pesos

En un fallo que marca un fuerte precedente sobre la tenencia responsable de mascotas en la Patagonia, la Justicia de Chubut resolvió una millonaria reparación económica para un vecino que fue atacado por un perro de raza potencialmente peligrosa en la vía pública. El dueño del animal debió desembolsar 5 millones de pesos para frenar el avance de una causa legal de mayor gravedad en su contra.

El dramático episodio ocurrió en pleno mediodía en la localidad de Lago Puelo, cuando un transeúnte caminaba por la vereda. De manera imprevista, un perro de raza Pitbull salió desde el interior de un comercio local y lo atacó ferozmente. El animal logró acceder directamente a la calle debido a la absoluta falta de medidas de seguridad del negocio, el cual carecía por completo de rejas, puertas de contención o cartelería de señalización que advirtiera sobre el peligro. Como consecuencia de la negligencia, el damnificado sufrió severas heridas por mordeduras.

Acuerdo millonario para evitar un juicio peor

El caso recaló en el Juzgado de Paz de Lago Puelo, donde se llevó a cabo una audiencia de conciliación. Debido al estricto marco de confidencialidad que rige en estos procesos, las identidades de los involucrados y el nombre del comercio se mantuvieron en reserva, pero se confirmó que el propietario del pitbull efectivizó el pago inmediato de los 5 millones de pesos en favor de la víctima.

Esta salida alternativa impidió que el legajo avanzara hacia sanciones de mayor peso. El funcionario judicial Natanael Abad explicó el criterio que se está implementando en la región:

"Esto se da en el marco de una política que estamos teniendo de instruir las contravenciones derivadas de mordeduras de perros, e incluso en casos graves estamos iniciando legajos por lesiones culposas".

Sentar precedente y generar conciencia social

Desde el órgano acusador recalcaron que estas intervenciones exprés persiguen un doble propósito que va más allá del resarcimiento de dinero. Por un lado, buscan garantizar que los damnificados tengan un amparo inmediato ante los daños físicos y psicológicos sufridos.

Por el otro, las autoridades pretenden generar una profunda toma de conciencia en la población local. Con la instrucción penal sistemática de estos episodios, se busca obligar a los dueños de los animales a adoptar medidas de seguridad efectivas dentro de sus propiedades y comercios, garantizando la seguridad de quienes transitan por el espacio público, según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF).