"Basta de presos por cultivar o consumir": una ciudad patagónica marchará por el cannabis y el fin de las detenciones
La convocatoria será el sábado 28 de noviembre en General Roca. Reclaman terminar con la criminalización y garantizar el acceso al cannabis medicinal. En Chubut, la reglamentación de la Ley Salomé abrió un nuevo escenario, aunque las demoras y los obstáculos para su implementación muestran la distancia entre reconocer un derecho y hacerlo efectivo.
General Roca, en Río Negro, volverá a sumarse a la Marcha Nacional de la Marihuana el sábado 28 de noviembre en la plaza San Martín. La Asociación Civil Evolución Verde impulsa la movilización, que lleva seis años en la ciudad y reclama la despenalización del cannabis y el fin de la persecución penal a usuarios y cultivadores.
En declaraciones a ANR, su presidenta, Perla Peralta, explicó que la jornada abordará las dificultades para acceder a tratamientos y la situación de personas detenidas por cultivar, tener o transportar cannabis. La organización pide derogar la Ley 23.737 y retirar al cannabis de la lista de drogas peligrosas.
La propuesta incluirá charlas, asesoramiento sobre el Reprocann y una exposición de plantas, semillas y elementos de cultivo. También está abierta la participación de feriantes, músicos y artistas.
Evolución Verde reclama, además, una declaración de interés cultural y municipal. Según Peralta, la organización recibió un reconocimiento provincial por su trabajo comunitario, pero todavía espera el respaldo del Municipio.
El debate tiene un antecedente reciente en Chubut. El Gobierno provincial anunció el 28 de octubre la reglamentación de la Ley I 790, conocida como Ley Salomé, mediante el Decreto 1680/2026. El esquema contempla el autocultivo medicinal, la participación de organizaciones y un circuito de dispensación de cannabis y sus derivados en farmacias y establecimientos habilitados.
Como informó ABCdiario, la normativa también creó el Registro de Usuarios de Cannabis de Chubut, denominado REUSCCH. Su artículo 3 contempla a residentes que no estén inscriptos en el Reprocann y necesiten acceder al cultivo para tratamientos medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor. El régimen exige indicación profesional, las autorizaciones correspondientes y el cumplimiento de las normas nacionales y provinciales.
Pero el avance llegó con una demora significativa. La ley fue sancionada en septiembre de 2024 y publicada en noviembre de ese año. Su artículo 16 establecía treinta días para reglamentarla y el artículo 17 fijaba noventa días para implementar el registro y la agencia provincial. La reglamentación recién llegó en octubre de 2026, casi dos años después de su publicación.
Tampoco el anuncio significó que los productos comenzaran a venderse inmediatamente. En una entrevista con ABC Radio publicada el 29 de octubre, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Chubut, Eduardo Molina, explicó que todavía debían resolverse autorizaciones, controles sanitarios y mecanismos de trazabilidad.
Molina señaló dificultades particulares para encuadrar las flores secas dentro de las categorías medicinales reconocidas por la ANMAT. También aclaró que la dispensación requeriría receta médica y que no todas las farmacias necesariamente participarían del sistema. En esa entrevista no pudo establecer una fecha de inicio.
El antecedente chubutense muestra que aprobar una ley y anunciar una nueva industria no alcanza para garantizar el acceso de los pacientes. Hacen falta registros operativos, autorizaciones claras y canales de abastecimiento que funcionen. Una demora administrativa puede traducirse, para quien necesita un tratamiento, en una espera mucho más concreta.
La regulación medicinal provincial tampoco equivale a una despenalización general del cannabis. Precisamente, la marcha de General Roca plantea una discusión más amplia: cambiar la respuesta del Estado frente a los consumidores y cultivadores, mientras exige que el acceso terapéutico deje de depender de obstáculos burocráticos.








